Por Juan A. Zuoza *
Educación rural: denuncia penal a funcionarios
El día martes 29 de octubre radiqué una denuncia penal
contra presuntas irregularidades cometidas por el ministro de educación Luis
Zaffaroni y otros agentes ministeriales
por una serie de acciones que se enmarcarían dentro del delito de “Abuso de
autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos” (Art. 248 al 253
CP).
Fundamentan la denuncia una serie de sucesos a los que el
ministerio no ha dado respuesta alguna. En primer término, se ha dictado y
ejecutado la resolución 228/13 para la cual se ha hecho un minucioso análisis
sobre su presunta ilegalidad ya que es contraria a reglamentaciones, decretos y
leyes de superior jerarquía. En base a ese análisis, en el ámbito
administrativo ya se había presentado un recurso administrativo advirtiendo a
las autoridades de estas anomalías, pero el ministerio se negó a responder el
recurso, a pesar de ser su obligación según Ley I N°18.
Cabe señalar además que la resolución impuesta establece una
estructura para la educación rural que es calificable como dañina al sistema,
según la opinión de muchos actores involucrados en la educación rural. De
hecho, fue redactada por personal que nunca habría ejercido la docencia en el
ámbito rural, y evidenciando un notable desconocimiento sobre la estructura
construida durante años en base a las verdaderas necesidades de las
regiones. Desde lo técnico y funcional,
así como desde lo legal y su redacción impropia de una reglamentación clara y
concisa, sería calificable de verdadero “mamarracho”, con el resultado
devastador de aislamiento de establecimientos educativos, con quita de docentes
especializados a algunas escuelas, destruyendo la carrera docente de los
maestros tutores, creando un sistema insustentable por el cual se pretende que
escuelas aisladas sean atendidas por profesores de todas las materias que
decidan ir a vivir al medio del desierto por unas pocas horas cátedra, sin
viáticos ni infraestructura para que residan docentes de manera digna. Y sobre
todo no se ha tenido en cuenta la realidad histórica que indica que incluso los
cargos de maestro de grado son muchas veces difíciles de cubrir en la
ruralidad, por lo que más difíciles de cubrir serán los cargos de docentes
especializados en materias específicas. Además, la ejecución de la resolución
228/13 resultó en la designación “a dedo” de personal con funciones jerárquicas
muy poco claras, contradiciéndose con el estatuto docente y otras normativas.
El tema es mucho más complejo e imposible de describir en esta nota, por lo que
seguramente se ampliará en otro informe.
Asimismo, la denuncia incluye otras irregularidades
relativas al Sr. Sergio Costa, quien fuera designado sin concurso como
“director organizador” de la escuela rural 7706 de Piedra Parada, cuando “no
había nada que organizar”, ya que la escuela fue puesta en funcionamiento años
atrás e incluso tomada como escuela modelo del secundari rural cuando ejercía
el anterior director.
Pero más allá de su designación, al Sr. Sergio Costa se lo
advierte varias veces por semana trabajando en el noticiero matutino de la FM Radio Fénix de Esquel,
es decir a 140 km
de su lugar de trabajo ministerial, en
un programa donde abunda la publicidad oficial y donde no hace ningún esfuerzo
por ocultar su periodismo proselitista oficialista.
En la escuela a cargo del director cuestionado también se
habrían hecho varias designaciones sin concurso alguno, a gusto del directivo,
sin intervención de la junta de clasificación docente, tal lo marca la Ley y las normativas y se
ofrecerían telefónicamente cargos por cantidades de horas inexistentes.
Pero la denuncia radicada reside básicamente en el presunto
encubrimiento por parte de autoridades ministeriales de las anomalías
sospechadas en torno al director-locutor-oficialista. Con fecha 13 de agosto de
2013 radiqué la denuncia ministerial correspondiente. Tras advertir que NADA se
había avanzado desde el ministerio en torno a la denuncia, en donde ni siquiera
se habría iniciado el sumario administrativo que marca la Ley (ex 1510) para establecer
si realmente hubo falta o delito alguno, con fecha 2 de octubre de 2013
presenté al ministerio un pedido de informes sobre lo actuado en virtud de la
denuncia, basado en las leyes administrativas y Ley de información pública que
me amparan. También solicité información
relativa a las designaciones presuntamente irregulares, los concursos, las
cargas horarias por presuntas incompatibilidaes, etc. NADA DE ELLO FUE
ENTREGADO. Los plazos legales para la entrega de esa información que es de carácter público se vencieron holgadamente
y el ministerio no tuvo la voluntad de entregar la información que hace al
correcto funcionamiento del Estado, es decir, básicamente qué se hace y cómo
manejan los funcionarios los organismos estatales que funcionan con el dinero
que TODOS pagamos.
Pero esa negativa a entregar la documentación resultaría
entonces en una intencionalidad de posible encubrimiento de las presuntas
irregularidades cometidas y dejando a la vista un sistema de permisiones y
manejos de los caudales públicos que irían totalmente a contramano de lo
establecido en leyes y reglamentaciones.
Lo más triste de todo es que estamos hablando de un
ministerio de educación, es decir, la entidad que debe obrar con el ejemplo,
con respeto a las normas, reivindicando
el sistema de “derecho” en el que supuestamente vivimos, respetando a los
alumnos, docentes y al contribuyente que aporta dinero para el funcionamiento
del sistema, donde la claridad debiera ser PRIORIDAD ya que el dinero mal
gastado, es dinero que falta en prestaciones de calidad, donde los “acomodos” y
designaciones “a dedo” le quitan la posibilidad de ejercer al verdaderamente
capaz.
Quizás analizando estas cuestiones, pueda entonces el
gobierno comprender por qué le fue tan pero tan mal en las elecciones. La
pregunta es … ¿Va a seguir todo igual?
* DNI 23.968.540
Nota relacionada: “Educación: ¿Cajonearon denuncia en el Ministerio?”, por Juan Zuoza
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