Por Darío Aranda
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma)
denunció ante la
Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue
aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la
empresa Monsanto. Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como
establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto
ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y
sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos
en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se
anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla.
La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los
transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de
la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución
446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro.
La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se
aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en
lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su
comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte
denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son
casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la
organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes
24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan
informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento
administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por
parte de la Conabia
(Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se
sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no
realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del
expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo
(Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por
Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de
la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la
situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos
trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa
(Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y
exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante,
Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos
presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37,
documento de decisión con el que la
Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once
garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser
cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que
abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó
“cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del
Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La
empresa valoró la acción de la
Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las
normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y
afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los
estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina
es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos
científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de
hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces
secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue
secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja
transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que
se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996” . Afirmó que es
necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en
Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El
procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la
participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los
organismos oficiales ignoran abiertamente”.
Nota relacionada: Uncientífico como juez y parte. ¿Conflicto de intereses?
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario