Por Prensa Pérez Esquivel
La
Comisión por la
Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM siempre ha
propiciado la transformación de la seguridad pública en clave democrática, en
contraposición a la demagogia punitiva y las medidas efectistas. Sostenemos que
éstas, lejos de resolver la problemática del delito la incrementan, al profundizar
la delegación de la seguridad en las fuerzas policiales. Por eso nos alertamos
ante las recientes medidas y propuestas surgidas de distintas esferas del poder
político.
El esquema de saturación territorial, con la policía de la
provincia de Buenos Aires, la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval,
constituye un dispositivo orientado a controlar a los sectores pobres,
centralment e jóvenes, en base a la táctica de la sospecha y fundado en la
construcción de un estereotipo que liga la pobreza con el delito. En tiempos de
dictadura se construyó al “subversivo” como el “otro” peligroso causante de
todos los males. Hoy esto se da en la figura del pibe pobre: en él se focalizan
los peligros sociales. Con estas políticas públicas no se pone el esfuerzo en
la prevención e inclusión, sino en la represión y expulsión del sistema.
El esquema, asentado en la delegación de la seguridad
pública en las fuerzas policiales (Policía, Prefectura y Gendarmería), ha
incrementado la inseguridad para aquellos que padecen la violencia policial y
ha demostrado ser ineficaz en términos de reducción del delito.
La irrupción de la Gendarmería, una fuerza federal creada con
objetivos distintos a la prevención del delito en interacción con la población
civil, genera prácticas violentas que se registran en su actuación de
saturación territorial, y va construyendo un imaginario social que comienza a
naturalizar la presencia entre la población civil de una fuerza con una
impronta marcadamente militarizada que excede el rol policial.
En paralelo se reinstala el debate sobre la baja de edad de
imputabilidad. Entre 2008 y 2010 esta discusión se impuso a través de la agenda
mediática y recibió un fuerte apoyo del gobernador Scioli y su ministro Ricardo
Casal. El rechazo colectivo de organizaciones sociales, políticas y de der
echos humanos fue determinante para que no prosperara. Contundentes argumentos
permitieron visualizar que la baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia
en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y
social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos
no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo
profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus
caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan; y elude una responsabilidad
central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los
niños. Asistimos a una paradoja cruel: no garantizar derechos lleva a que estos
niños arrastren consigo las características gestuales, de enfermedades,
subalimentación, pertenencia barrial, deficiente formación educativa que
precisamente los coloca en el perfil de los “otros&rdq uo; peligrosos que
se quiere perseguir y controlar.
La injusticia social imperante por décadas ha herido hondo
la trama de nuestra sociedad. Pero la fórmula que combina más represión y
severidad en el castigo penal no es el camino, pues ocluye ver que los niños o
jóvenes que cometen delitos son víctimas que padecieron antes la inseguridad de
no acceder a la alimentación, la salud, la educación, el juego, a la alegría de
vivir en libertad para su desarrollo como ser humano.
Alarman las declaraciones públicas de funcionarios y
candidatos, que señalan a los jóvenes como responsables de participar en la
mayoría de los delitos cometidos. Es dato falso, mientras se omite señalar u no
verdadero: que el Estado incumple sistemáticamente proteger a los menores como
lo establece la Ley
de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
En la provincia de Buenos Aires, las cifras judiciales
demuestran que dicha participación es ínfima. La Oficina de Estadísticas de
la Procuración
de la Suprema Corte
informa que en 2012, sobre un total de 685.808 investigaciones, el 4,3%
(29.550) corresponde a investigaciones tramitadas en el fuero penal juvenil. El
95,7% (656.258) corresponde a personas mayores. En tres años los delitos de los
jóvenes aumentaron 2 %, mientras el de los adultos aumentó 3 %. http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php
Las políticas de seguridad p&uacut e;blica deben ser
políticas de estado, y el piso de cualquier discusión es el respeto irrestricto
a los derechos humanos. Medidas como éstas ya se han aplicado y sólo han
servido para profundizar la matriz autoritaria y para consolidar en la sociedad
la creencia que ciñe la seguridad al incremento de penas y la violencia
policial.
El anuncio de desdoblamiento de los ministerios de Justicia
y Seguridad se da en el marco de estas respuestas coyunturales efectistas y
evidencia la profundización de un discurso demagógico que sigue proponiendo
respuestas simples ante fenómenos complejos.
El principal desafío es la democratización de las fuerzas
policiales. Se debe garantizar un esquema de conducción político-civil, la
profesionalización y definición de su función en términos de prevención y la
transformación del actual esquema de intervención, que se apoya en la gestión
territorial del delito en base a prácticas ilegales y violentas.
Para consolidar un sistema democrático pleno deben
observarse prácticas democráticas. Para tener una sociedad justa e integrada
debe apostarse a profundizar la igualdad brindando más derechos, no
restringiéndolos.
Nota relacionada: Más voces del kirchnerismo rechazan bajar la edad de imputabilidad
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario