Editorial de la THC: “El Bien”

Enviado por Edgardo Manosalva

Fuente: Revista THC *

De pronto, en el desierto espiritual argentino, comenzó a hablarse de fe. Palabras como “esperanza”, “concordia”, “amor”, “paz”, “solidaridad” volvieron a ser tapa de los diarios. En este súbito reverdecer, se ha vuelto una preocupación “hacer el bien”.

En nuestro país, las discusiones por la intervención estatal concreta para salvaguardar a los sectores que ven violentados sus derechos más elementales, suele derivar en una disyuntiva: ¿debe trabajarse en conjunto para el desarrollo de políticas públicas a mediano y largo plazo o debe accionarse de manera urgente? En ese debate, como sociedad fuimos adquiriendo el mal hábito de suponer, por un lado, que pensar dispositivos eficientes y resolver problemas inmediatos son acciones incompatibles y, por otro, que los proyectos que involucren voluntades políticas no pueden resolver nuestros dilemas. Pero, hay que decirlo: donde no hay política, no hay Estado.

Y donde no hay Estado, con mucha suerte, apenas hay caridad. Compadecerse de los que sufren una injusticia es necesario, pero insuficiente. Como ciudadanos nuestro objetivo excede la compasión individual o sectorial, implica la creación de políticas estatales concretas que establezcan nuevos y mejores parámetros de vida, sobre la base del respeto a los derechos que nos corresponden.

Los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis para uso personal somos muchos. Conformamos un enorme conjunto humano que aún no ha visto brillar sobre sí el sol cálido de la democracia. Ante todo porque no se nos reconoce el derecho a una práctica privada, violación que se traduce en una criminalización sistemática. No sólo se nos niega el derecho elemental de elegir sobre nuestro cuerpo y plantar para evitar el narcotráfico, sino que en calles, comisarías y penales esa elección es castigada poniendo en peligro otros derechos que hacen a nuestra dignidad. Además, bajo estos parámetros, quienes dentro de ese universo tienen problemas de consumo en lugar de recibir asistencia sanitaria y humana son presas de una política de drogas que, diagramada a espaldas de la gente, resguarda delitos complejos donde se vinculan narcos, fuerzas de seguridad y funcionarios.

A casi cuatro años del fallo de la Corte en contra de la criminalización de los usuarios de drogas, el Poder Legislativo sigue negándole a la República una nueva ley. Y las voces más conservadoras llegaron a afirmar que la reforma no es necesaria, dado que vivimos una “despenalización de hecho”: en los barrios se ven cada vez más pibes consumiendo drogas, pero al parecer esto no se debe a la ausencia de políticas públicas que asistan y no castiguen, sino por un exceso de garantías, por mero libertinaje. Desde esta óptica, a los más vulnerables no les queda más opción que la buena predisposición de algunos sectores y sus familias.

Los que están lejos de los problemas de consumo no corren mejor suerte. Quienes cultivan cannabis para su propio consumo son allanados, encarcelados, procesados. Sin pausa. En el caso de las personas que no plantan por miedo a las represalias, los riesgos son altísimos: la situación los enfrenta al narcotráfico y al canino olfato policial. Esos encuentros pueden terminar con la muerte: en 2011 le tocó a Federico Taja en la ciudad de Balcarce; el 5 de marzo pasado, a Gerardo Marcheli, en Villa Ballester. En ambos casos, las balas salieron de armas reglamentarias de la Policía Bonaerense que sigue sin explicar los hechos.

Si es momento de hacer el bien, la despenalización es un primer paso racional en esa senda. Cualquier salida intermedia es un paliativo que no resolverá un drama estructural. Un ejemplo de esas soluciones de escaso compromiso político es lo ocurrido con el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos votado en Diputados. ¿Cómo se puede pensar una asistencia en esos términos mientras los usuarios, tengan o no problemas de consumo, son criminales para la ley?

El Estado debe hacer el bien por deber, para que los valores que se proclaman se conviertan en leyes mejores que los garanticen. En tanto, quienes conformamos el gran colectivo de usuarios y cultivadores de nuestra propia marihuana debemos hacer nuestra parte en este ejercicio complejo y constante que es formar parte de una sociedad.

Además de enfrentar el temor y cultivar nuestros derechos, tenemos que hacer lo que hacemos cada año: salir, gritar fuerte, marchar floridos por todos los rincones de un país del que también somos parte. Nos vemos el 4 de mayo, en la calle.

* Editorial, N° 60, Año 7, abril de 2013.

Nota relacionada: "Cogollito de batalla", por Juan Barberis