Enviado por Carlos Moreno
Fuente: Diario Jornada
El profesional, que hace años acusa a la planta aluminera de
contaminar el Golfo, pidió declarar un “estado de alerta” en la ciudad.
Advirtió que las mediciones que aporta la empresa son inexactas y que los
vecinos tienen derecho a saber la verdad. Una cronología sospechosa para la
empresa.
La séptima sesión del Concejo Deliberante de Puerto Madryn
permitió la utilización de la
Banca del Vecino, que fue ocupada por Carlos Moreno para
dejar sus impresiones sobre la calidad y las mediciones del aire en la ciudad
del Golfo. Asimismo señaló la necesidad de declarar un estado de alerta como
paso previo a lo que podría ser la emergencia, para que la gente tenga derecho
a recibir toda la información sobre lo que ocurre con la calidad del aire en la
ciudad.
Con una exposición de 10 minutos intentó trazar un panorama
histórico y actual de la situación de la calidad del aire en Puerto Madryn.
Tema complejo y para muchos, tabú que genera polémica y cuestionamientos por
los intereses que existen en la materia.
Bajo la denominación de “Flúor y su problemática”, Carlos
Moreno dejo conceptos claros, contundentes y precisos sobre qué está ocurriendo
con las mediciones en la ciudad portuaria.
“Hace 38 años arribó a este municipio la comisión de
Estudios Geofísicos para estudiar la problemática de flúor que se venía con la
planta de Aluar, pero dejó de ser problema y conocimiento público en 1976.
Nosotros en 1997 la retomamos y seguimos durante estos años verificando lo que
llamo como: la gran estafa”, comentó Moreno.
Este título obedece, según el vecino, al “ocultamiento de la
verdadera problemática, así como las mediciones y evaluaciones que se han hecho
sistemáticamente para proteger una contaminación que todos conocemos”.
En su relato recordó que la comisión Barros advirtió qué
sucedería con el accionar del flúor pero nadie lo consideró y, durante tres
décadas, se prosiguió con esta práctica. Como antesala a su exposición en el
cuerpo deliberativo la chimenea de la planta de Aluar volvió a producir una
intensa y prolongada humareda como recurrentemente sucede desde hace años.
El eje central de las palabras de Moreno estuvo focalizados
en cómo deben medirse las emisiones que, según su perspectiva, deben realizarse
con la metodología utilizada por Barros en 1975. “Era un burbujeo en una
probeta y, posteriormente, tomar la concentración de flúor y medirla con el
instrumento Orión y que el municipio dispone desde hace años y que fuera donado
por Aluar, pero que no sabemos dónde está”, lanzó Moreno.
“Maniobra fraudulenta”
Todo esto se concretó hasta 1997 donde “interés mediante” la
“empresa presenta un estudio de impacto ambiental donde da los números reales y
que venían midiendo hacía 10 años. Allí nosotros dijimos que estaban pasados en
las emisiones”. Esta situación derivó en una presentación ante la Justicia Federal
que sigue aguardando por su definición.
Con estos resultados se avanzó en la “maniobra más
fraudulenta”, dijo Moreno, quien puntualizó que “cambiaron el sistema de
medición, llamaron sistemáticamente al representante de Aluar para saber cómo y
qué hacían, mandaron informes al municipio que nunca entendieron pero que se
mostraron como convincentes y dispuestos a aceptarlos”.
Desde la banca del vecino solicitó que se instrumenten las
medidas necesarias porque “esto no puede seguir así”, al tiempo que denunció
que “la Carta
Ambiental se aprobó falsamente porque en su momento le
cambiaron la hojita donde decía quéestándares debíamos adoptar para la medición
de fluoruro. Se la cambiaron y le pusieron la que pretendía Aluar, Fundación
Patagonia Natural y el Cenpat. Esto fue lo que hicieron: una estafa”.
Derecho a conocer
El estudio y seguimiento de las emanaciones realizadas durante
estos años llevó a Carlos Moreno a sostener la hipótesis de la realización de
“trampas” para intentar justiciar ciertos parámetros. “La trampa más notable
fue haberle otorgado un permiso ambiental dado como emisiones específicas de
flúor. Esto quiere decir que Aluar y cualquier empresa de aluminio pueden
emitir flúor en una cantidad proporcional a la producción. Esto es una
barbaridad, un fraude”.
Asimismo refirió a que se llegó a esta situación porque “en
2003 había una necesidad a aceptar el último proyecto de ampliación de la
planta. No sabían cómo hacer porque en la audiencia de impacto ambiental y en
la justicia estaba claro que estaban pasados en las emisiones con la planta
original, no hablo con la primera ampliación”, denunció Moreno.
Para poner un freno a esta situación propicia un proyecto de
Resolución que apunta a revisar el permiso de emisión a infinito y para que las
emisiones “se comparen con los valores que corresponden por ley y que se
declare un estado de alerta. Esto para que las autoridades sanitarias sepan
dónde vive la gente de Madryn y para que los vecinos tengan al menos la
oportunidad de decidir dónde se queda o a dónde se va, dónde trabaja y qué
hacer. Esto es un derecho que tiene la gente de la ciudad y no se lo puede
negar con esta estafa”.
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