Por Darío Aranda
Personas encapuchadas ingresaron por la noche a una
comunidad indígena de Neuquén y amenazaron de muerte a las familias. Llevan
cuatro meses de hostigamientos por una disputa territorial.
“Diez personas encapuchadas al estilo de la dictadura
cívico-militar portando elementos contundentes y armas blancas amenazaron de
muerte a hombres, mujeres y niños que se encontraban en la ruka (casa)
comunitaria del Lof Felipin”, denunciaron las comunidades Cayupan, Paineo y
Felipin, de Neuquén. Fue la última de una serie de amenazas que comenzaron en
enero pasado, cuando se inició un conflicto territorial con un empresario.
Las comunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al
Poder Judicial neuquino por “no actuar en concordancia con el ordenamiento
jurídico” que protege los derechos indígenas. Pablo Romero, de la comunidad
Felipín, afirmó que “la violencia empresaria, política y judicial no hará
retroceder a las comunidades mapuches en la defensa del territorio”.
En el departamento de Catán Lil (en el centro-sur de la
provincia) se incrementaron los últimos años los conflictos territoriales sobre
campos de veranada y caminos de arreo. En diciembre pasado se hizo pública una
supuesta compra, por parte del empresario Pedro Alejandro Chaparro, de un lote
en el paraje Purrufe Peweñ, a Jubileo Pintos (miembro de la comunidad mapuche
Cayupan). El predio es territorio ancestral y de uso actual del Pueblo Mapuche.
La parcela de tierra está ubicada en la zona conocida como Cordillera del
Chachil, lote 90 y 91.
En la disposición
68/12, la Subsecretaría
de Tierras de Neuquén rechazó la transferencia de tierras entre Jubileo Pintos
y Chaparro. A pesar de la negativa de la Subsecretaría, la
esposa de Jubileo Pintos (Isabel) y sus hijos fueron desalojados del territorio
mapuche, la vivienda fue destruida y los animales arriados fuera del campo.
A inicios de marzo,
personas contratadas por el empresario Chaparro comenzaron a construir sobre
las tierras de la familia Pintos, y también en parcelas de la comunidad mapuche
vecina (Felipin).
El conflicto se agudizó.
Recuperación
La comunidades Felipin, Cayupan y Paineo se organizaron y,
de manera conjunta, frenaron la construcción, obligaron a los empleados de
Chaparro a retirarse del lugar e incluso llevarse los materiales y
herramientas. Las comunidades recuperaron la parte de la comunidad Felipín y se
asentaron en inmediaciones del predio de Pintos.
Hubo denuncias cruzadas durante todo marzo, clima de
enfretamiento y la llegada de la policía de la localidad Las Coloradas (con
“refuerzos” de Zapala), con la orden de reprimir.
Las comunidades denunciaron que los empleados de Chaparro
realizaban disparos intimidatorios. Se encontraron municiones calibre 30 y 22
mango.
La semana pasada tuvieron reunión con el subsecretario de
Tierras, Eduardo Ferrareso; el fiscal de Estado, Raul Gaitan, y el ministro de
Seguridad, Claudio Gabriel Gastaminza. Desde el Gobierno les confirmaron la
nulidad de la venta por tratarse de tierras ficales y Ferrareso le restituyó el
campo a la familia Pintos (hecho que aún no se concretó). Nota completa
Nota relacionada: Informe ODHPI 2013: Los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten
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