Por Darío Aranda *
La
Justicia de Córdoba ordenó frenar la construcción de una
planta de Monsanto en la provincia. Entre los fundamentos, remarca la necesidad
de respetar el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental
irremediable, es necesario tomar medidas protectoras). Pese a la restricción,
la multinacional de agronegocios continúa con la obra porque, alega, “no fue
notificada” de la prohibición. Matías Marizza, de la Asamblea de Vecinos de
Malvinas Argentinas, afirmó que Monsanto “se burla de la Justicia, se sabe
poderosa e impune, y por eso incluso aceleró la construcción” de su planta.
Desde junio pasado, cuando la población de Malvinas
Argentinas supo de la llegada de Monsanto, comenzó un proceso de organización y
nació la Asamblea
de Vecinos Malvinas Lucha por la
Vida. La localidad está ubicada en las afueras del Gran
Córdoba, donde desde hace una década denunciaban las fumigaciones con
agroquímicos de los campos de soja cercanos.
Hubo marchas, jornadas informativas y también se optó por la
vía judicial. La Asamblea
y la Fundación Club
de Derecho presentaron un amparo fundamentado en la Ley General del
Ambiente (25.675). Exige la realización de un estudio de impacto ambiental
previo a la construcción y audiencias públicas con participación de los
vecinos.
En enero, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 812 y
permitió a Monsanto comenzar la construcción. Vecinos y Fundación presentaron
una medida cautelar para detener la obra hasta que se resuelva el amparo. La
jueza civil Claudia Zalazar falló a favor de la Municipalidad y
Monsanto. Pero el 22 de febrero, en segunda instancia, la Sala 2 de la Cámara de Conciliación
Laboral hizo lugar al pedido de la
Asamblea y ordenó suspender la ordenanza (y las obras) hasta
que se resuelva el amparo.
“Resulta razonable ordenar a la Municipalidad que se
abstenga de autorizar obras tendientes a la implementación de la planta”,
remarca la sentencia votada por los jueces Silvia Díaz y Luis Fernando Farías
(con la disidencia de Miguel Angel Azar) y subrayan la importancia del
principio precautorio de la Ley
25.675. “No resulta consistente la afirmación de que las obras iniciadas o a
ejecutarse no impactarían sobre el ambiente, pues éstas están inmersas en un
proyecto general de instalación de la planta de semillas sospechada de provocar
un impacto negativo en el ambiente. En materia ambiental se debe poner énfasis
de manera fundamental en lo preventivo y en la obligación por parte de la Justicia de buscar
resultados adecuados y útiles en tiempos razonables”, afirman los jueces.
En los fundamentos cita la importancia del artículo 41 de la Constitución
nacional, Constitución de Córdoba (artículo 66) y la Declaración Universal
de Derechos Humanos. Los jueces recuerdan que “no debe soslayarse que el
principio precautorio es el principio rector. E importa una prescripción para
que las actividades potenciales causantes de riesgos ambientales graves deban
ser evitadas, aun cuando no haya certeza científica de los riesgos involucrados.
En caso de duda, el deber de estar en favor del ambiente y en contra de la
actividad contaminante”.
Los jueces le recuerdan a Monsanto que “debe someterse a la
normativa que regula el ambiente” y explica que la ley insta a que “toda obra o
actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de
vida de la población estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, previo a su ejecución”.
Monsanto no acató la decisión judicial. La vocera de la
empresa, María Lucila Pentenero, reconoció que las obras continúan y argumentó
que “no han sido revocados el permiso de obra otorgado por la Municipalidad ni la
aprobación del aviso de proyecto emitido por la Secretaría de Ambiente
provincial”. Y señaló que Monsanto “no recibió ninguna notificación de la Justicia”.
El abogado denunciante, Federico Macciocchi, explicó que el
incumplimiento de la decisión judicial “se debe la falta de ética de la Municipalidad y su
abogado Gustavo Asís, que mediante chicanas judiciales desoyen a la Justicia”. Matías
Marizza, de la Asamblea
de Vecinos, recordó que “Monsanto desoye a la Justicia porque tiene
protección política”, pero también remarcó el valor del fallo judicial: “Es un
paso adelante y, a pesar de que el escenario no es el mejor, con la gente en la
calle se logran cambios, de la mano de muchas organizaciones y con mucho poner
el cuerpo se puede frenar a las corporaciones”.
* Publicado en Página/12
Nota relacionada: "La ley Monsanto": pronunciamiento de organizaciones
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario