Enviado por Gustavo MacayoFuente:OPI Chubut
El Gobernador Martín Buzzi, a partir de su asunción, estuvo lanzado a cumplir una orden presidencial indiscutible: abrir la provincia a la megaminería. Los esfuerzos del mandatario, ayudado por el Intendente de Comodoro y otros Intendentes del interior no encontraron mayores escollos en el plano político, pero sí lo encontraron en la población. El rol fundamental que jugamos los medios de comunicación, en la difusión de los entretelones y los conflictos, fue motivo suficiente para cajonear el Marco Regulatorio Minero, para no desviar la opinión pública en contra de los candidatos oficialistas, en el 2013.
El gobierno de Chubut se ha metido en un problema del que nadie o muy pocos le habían advertido. Solo la prensa libre y entre ella nos incluimos, hemos podido predecir las implicancias negativas que tenía en la ciudadanía una campaña tan abierta a favor de la megaminería, ocultando intencionalmente, las serias complicaciones que produce la actividad, constituyendo esa actitud, una suerte de complicidad institucional con las empresas o al menos con la política nacional de “minería a cualquier costo”.
Esta avanzada sin límites que emprendió Buzzi para instalar la megaminería en Chubut contó con varios elementos que, indudablemente, no fueron analizados en su plenitud o bien fueron sobreestimados. Entre estos elementos encontramos una fuerte cultura aniti-minera, nacida a la sombra de los andes en Esquel y derramada en el resto de la provincia, alcanzando las costas atlánticas en los últimos dos años, cuando la arremetida minera, arreció sobre la meseta central sin pausa.
Otro de estos puntos que no fueron tenidos en cuenta, fue la prensa libre. Aconsejado, el gobernador, que podría accionar sin problemas en función de la poca repercusión que tienen las críticas antiminera (como sucede en Santa Cruz, por apatía pública) descartó de plano cualquier opinión en contrario, sobre los daños ambientales y físicos de la megaminería y desplegó una fuerte campaña mediática (a través de los medios pagos) tratando de suplantar el mensaje “apocalíptico” por el de manual, que impone un reconocimiento a las bondades de la actividad, la mano de obra que otorga, el desarrollo que consigue para la región, los avances sociales que se proponen, sin decir nada sobre los aspectos negativos que oculta.
El creciente descontento social, las manifestaciones públicas de sectores chubutenses que se oponen a la minería, tuvo su máxima tensión el día que frente a la legislatura provincial, el gobierno de Martín Buzzi no tuvo mejor idea que pedirle a los integrantes de la UOCRA que le dieran una manito para desalojar a los manifestantes del “No a la Mina”. Heridos por la patota organizada de la construcción, que bajaron de colectivos y camionetas armados de palos y cadenas, varios llegaron al hospital con múltiples secuelas de la brutal golpiza, lo cual le indicaba a Buzzi, que la cuestión era mucho más compleja de lo que le habían hecho creer y que haber recurrido a las patotas como fuerza de choque, para no intervenir con la policía por los “costos políticos” que le acarrearía, fue el peor error que pudo cometer.
A partir de allí, en reunión política con sus más allegados colaboradores, el gobernador decidió “enfriar” la cuestión minera, previendo que el año 2013 se verá visiblemente afectado por este fenómeno de resistencia pública y por lo tanto, debilitará cualquier intento por realizar una campaña sin sobresaltos ni consecuencias negativas para los candidatos a las elecciones legislativas.
Esto también ha tenido su lado negativo para Buzzi, ya que las empresas comprometidas en los trabajos de cateos y exploración, que a su vez han puesto mucho dinero para cubrir el rojo contable de algunas comunas y para lograr “consenso social”, se ven contrariadas por la falta de manejo político que demostró el gobierno, quien, de acuerdo a las fuentes consultadas en el sector minero “se manejó con torpeza y demasiada soberbia, en una provincia que ya sabemos es muy resistente a la minería y más a la megaminería; eso parece que no lo evaluó Buzzi ni Di Pierro, que es un tipo que conoce muy bien de estas cosas”, aclaró nuestra fuente muy vinculada a una destacada empresa de servicios.
Un ejemplo de lo que decimos es que en Gastre la minera Argenta, cursó 60 telegramas de despidos a personal contratado, por cuanto advierte que si bien el 2012 está perdido, en el 2013 no existe certeza de que puedan comenzar las labores de explotación, debido a las dudas políticas que se han generado en el gobierno, hecho que fue convalidado con el envío del Marco Regulatorio de Minería, al freezer de la legislatura.
Las mismas fuentes destacaron que el gobernador minimizó el papel de la prensa, interpretando que “son pocos” lo que se oponen al desarrollo minero y en la idea de que “el mensaje siempre es el mismo”. Sin embargo, en este punto, el análisis tiende a contradecir esta opinión de Buzzi, porque si bien los medios críticos a la actividad no somos tantos, la vinculación en red de los mismos y la inmediatez de las comunicaciones, hace que el mensaje se multiplique exponencialmente en la provincia y el mundo, logrando que otras voces se sumen y se universalicen las mismas y se conozcan los hechos de una manera más efectiva. Inversamente a lo que piensa Buzzi y el gobierno nacional, el mensaje oficial o pro-minero, suele ser el que más retardo sufre, porque es, en general, es rechazado por el lector libre, que busca en la información independiente un rasgo menos caracterizado con la impronta del interés corporativo que tienen los mensajes enviados, tanto desde los gobiernos, como desde las empresas.
Nota relacionada: "Otra (momentánea) victoria contra la megaminería", por Rubén Tonzar
0 Comentá esta nota:
Publicar un comentario