martes, noviembre 27, 2012

Informe: “La estafa judicial merodea el juicio ESMA II”, por Juan Gasparini



Por Juan Gasparini *

La obstinación es, quizá, la única cualidad humana que vale no sólo en el oficio de policia, sino en multitud de profesiones, al menos, en todas aquellas que tienen que ver con la noción de verdad, Michel Houellebecq, El mapa y el territorio, Anagrama, 2010.

El atraco de tierras en Chacras de Coria, Provincia de Mendoza, perpetrada desde la ESMA, cuya reventa fue a parar a manos del clan Massera y sus complices civiles, resulta el ejemplo más significativo de sustracción de bienes consumado por la dictadura militar que entra en juicio oral. Pero el fraude acecha. Así lo destapa la investigación periodística que se puede leer a continuación. Cabe agregar que uno de los ex represores imputados, Pablo García Velasco (Dante), trata de reiterar la confusión que logró sembrar en el juicio precedente ESMA I, la cual le permitió zafar de sus responsabilidades en el homicidio de Rodolfo Walsh. En una especie de perverso juego de roles con su hermano gemelo, Miguel Angel García Velasco (Sierra), también ex represor y ex integrante del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), explora desvincularse estructuralmente de la banda de la ESMA, intercambiando matriculas con su hermano mellizo, optando por la del SIN, y de ese modo mimetizarse en otro organo diferente de la Armada, y por esa vía arrebatar el beneficio de la duda, para volver a zafar una segunda vez.    

El fraude acecha el megajuicio ESMA II
  
El inicio del segundo juicio oral por las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el emblemático campo de concentración de Buenos Aires implantado durante la última dictadura militar (1976-1983), donde asesinaran a 5000 detenidos, abarca el expolio de bienes a desaparecidos. Entre ellos se destaca el robo de terrenos por 20 millones de dólares en Chacras de Coria, Mendoza, quizá la más importante apropiación forzada cometida por el régimen de las Fuerzas Armadas, al margen del escándalo Papel Prensa.

El enjuiciamiento en perspectiva para los autores del saqueo manifiesta la intención de condenar a un puñado de ex represores, sobre quienes pesan enormes acusaciones, dejando de lado a los socios civiles, participes necesarios en los hechos. El polémico procedimiento constituiría la mayor violación al derecho a la verdad desde que la Argentina recuperara la democracia en 1983. Entretelones del sumario revelan que la corrupción parece haber contaminando el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.
La vista oral que comieza este miercoles en la sede de los tribunales federales de Buenos Aires va a probablemente sellar la historia de varias resoluciones adoptadas en el curso de la instrucción penal  por el pillaje en Chacras de Coria,  llevado a cabo por los paramilitares de la ESMA y sus correligionarios civiles. Esos veredictos le reconocen participación en Cerro Largo SA, sociedad titular de la tierras, al desaparecido Conrado Gómez. Presuntamente a partir de declaraciones de uno de sus hijos, la justicia le confiere implicitamente derechos de propiedad al extinto padre, pese a no haber sido accionista de la empresa. Los fallos vulneran el derecho a la verdad, una norma impulsada por la diplomacia argentina en Naciones Unidas. (1)

La denuncia

El informe de la CONADEP certifica que el dueño original de los mentados bienes fue Victorio Cerutti, accionista fundador y vicepresidente de Cerro Largo SA, compañía propietaria de las tierras. Miembros del Grupo de Tareas de la ESMA lo secuestraron entre el 11 y 12 de enero de 1977, junto a su yerno, Omar Masera Pincolini, a su vez gerente de la sociedad; y a Horacio Palma, accionista y presidente de la explotación. Con anterioridad fue apresado Conrado Gómez,  “asesor profesional” de Cerro Largo SA. (2)

Uno de sus hijos, Federico Gómez, se presentó años atras en tribunales para exigir reparación, alegando la perdida sufrida por su difunto padre en Cerro Largo SA, sin que hubiera sido accionista de la firma. No obstante, los magistrados entonces al mando de las diligencias convalidaron su aspiración por la probable coincidencia de las cercanía en el tiempo de las detenciones ilegales de estas personas, todas ulteriormente asesinadas, haciendo la amalgama con que estuvieran relacionadas por un mismo grupo económico, incluyendo el papel de abogado o asesor de la empresa que se le atribuye a Gómez, un vínculo sobre el que no se ofrecen pruebas documentales en lo que laudara el fuero federal en los dictámenes antes referidos. Nota completa

* Buenos Aires, Argentina 27 de noviembre de 2012




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