Por Claudio Lowy
Sectores del Agronegocio, de las
transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios,
vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de semillas. Según los
borradores que se conocen y por las declaraciones publicas, el mismo busca
subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los
campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará
sobre el mercado interno de alimentos.
Podemos afirmar que:
1- La ley propuesta no protege los
conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la
propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente
de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un
principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los
conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de
normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los
conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la
privatización de los sistema de investigación, la privatización de la
educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de
unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio
biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta
el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e
impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de
relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales,
como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas,
esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental
a la alimentación.
2- Abre las puertas para que se
profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y
silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización
de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir
los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la
ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa
pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único
que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una
población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el
proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades
campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no
haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad
intelectual.
3- Ilegaliza o restringe gravemente
prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como
es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar
semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho
fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida
por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la
diversidad y riqueza genética utilizadas por las mismas empresas semilleras que
buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las
comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien
libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad
que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la
ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas
por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas.
Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta manera, el proyecto de ley
entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es
signatario.
4- Fortalece las condiciones para
que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su
expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de
mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de
los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea
efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o
inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente
la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades
antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo,
pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como
“nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita
además la introducción de cultivos tóxicos.
5- Crea condiciones para expandir
la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del
desarrollo nacional de variedades vegetales. La experiencia mundial ha
demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han
provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a
nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir
el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de
los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el
ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo
así la oferta tecnológica.
6- Al otorgar poderes monopólicos
sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético
independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y
facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará
inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la
producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de
ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las
semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de
la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha
sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de
muchos y muchas agricultoras.
7- Otorga a las empresas semilleras
el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las
disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas
como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar
que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su
propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los
cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes
fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la
privatización del poder de policía.
8- Permite el decomiso y embargo de
los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto
se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el
decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones
argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a
defensa de los demandados.
9- El proceso de negociación de la
ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas
cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse
a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la
participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de
estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate
público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino.
Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las
organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que
no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.
10-El anuncio de la modificación de
la Ley hecho
simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es
el principal beneficiario de este Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica”
con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De
hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo
desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad
jurídica” para introducir nuevos transgénicos.
Hacemos un llamado a Rechazar un
proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de
nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que
tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo
la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de
nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio
agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro
pueblo.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE
LAS SEMILLAS Y LA VIDA
FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES
DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA
POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR
Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS
Organizaciones firmantes:
Movimiento Nacional Campesino
Indígena
CLOC - Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la Tierra
Acción por la Biodiversidad
Nota relacionada: La borrosa puerta de la ley
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