miércoles, septiembre 26, 2012

Violencia institucional e impunidad en Chubut y Río Negro: "Sistema corrupto y perverso que se alimenta de pobres"

Por Liliana Giambelluca (Para Agencia Walsh)
Fotos: Reinaldo Ortega


(AW) Familias de la región patagónica viajaron a Buenos Aires para denunciar violencia, impunidad y corrupción institucional en la causa de los asesinatos de sus seres queridos. Patagónicos, bonaerenses y porteños que padecen la misma situación se hicieron presentes para dar su apoyo y solidaridad. Acompañó la CORREPI y el CELS. Se recibieron las adhesiones de Serpaj, APDH Argentina y APDH-La Matanza.

Un salón colmado de gente superó las expectativas de la conferencia de prensa y exposición de casos vinculados a la "Violencia institucional, abusos, corrupción e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro" que se realizó el viernes pasado en el Hotel Bauen, a iniciativa de César Antillanca, padre de una víctima de "gatillo fácil".

Expusieron Roberto Uriarte, María Angela Cabrera, Julieta Vinaya y César Antillanca. Susana Díaz habló en nombre de la Asociación Civil Proderechos del Niño de Comodoro Rivadavia y la doctora María del Carmen Verdú coordinó en representación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Un numeroso grupo de familiares de víctimas de "gatillo fácil" de la región patagónica, del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires estuvo presente para dar su apoyo y solidaridad. En el mismo sentido también lo hizo el periodista Herman Schiller y representantes de diversos organismos defensores de derechos humanos.

Se recibieron las adhesiones del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) que coordina Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza.

"La tortura es una política de Estado"

La abogada Verdú abrió la conferencia señalando que "la Patagonia es un espejo de lo que ocurre a lo ancho y a lo largo del país". Agregó la existencia de una "línea histórica y sistemática de la justicia" en la Argentina, "capaz de meter los dedos en el enchufe antes de admitir que la tortura es una política de Estado". Dijo que "muere un chico por día torturado en una cárcel, o en una comisaría, en un instituto de menores o fusilado por el gatillo fácil".

La siguiente es una síntesis de la exposición de los oradores, quienes, entre otros, también mencionaron los casos de los jóvenes Guillermo "Coco" Garrido, asesinado en la Comisaría 12 de El Bolsón, el 13 de enero de 2011; de Iván Torres, detenido, torturado y desaparecido por policías de la comisaría 1° de Comodoro Rivadavia, el 2 de octubre del 2003; del asesinato del testigo "protegido" Bruno Rodríguez Monsalve, en marzo de este año, en Trelew, y de los hermanos Sergio y Denis Aballay, víctimas de vejaciones y apremios ilegales sufridos la misma madrugada de 2010, en la que asesinaron a Julián Antillanca.

"La justicia no existe"


Roberto Uriarte relató la desaparición seguida de muerte de su hija Otoño de 16 años de edad. El hecho ocurrió el 23 de octubre de 2006 cuando la joven regresaba a su casa luego de una actividad deportiva. A los seis meses fue encontrada muerta en un canal de riego cercano a Cipolletti, provincia de Río Negro.

Uriarte dijo que la investigación se llevó adelante con "una desidia total por parte de la Asesoría de Menores, de la Fiscalía, del Juzgado de turno y de la Policía". Se minimizó la situación, "decían que Otoño se fue por sus propios medios, que tenía problemas con su familia y la investigación se enfocó en nosotros". Luego el argumento oficial fue que se trataba de "un ajuste de cuentas".

El abogado de la familia de Otoño, José Gérez, a mediados de 2010 aseguró al medio 8300web de Neuquén que la joven fue "secuestrada" y "abusada sexualmente por al menos cuatro personas". Dijo que en la causa hubo "numerosas irregularidades" y que pidió un examen integral de los bellos púbicos hallados en el cadáver de la joven.

El padre de Otoño dijo que aún no se realizó la ampliación de peritajes de ADN que solicitó el abogado y que "hay 200 mil pesos para quien aporte datos pero no 100 mil para hacer las pericias que faltan". Concluyó que "la justicia no existe" y que "es necesario un cambio de sistema" para que haya "una política social que dé respuestas donde debe darlas".

Con otras familias del Valle de Río Negro, el primer miércoles de cada mes Uriarte realiza jornadas de concientización en la comunidad y pedido de búsqueda de justicia. Nota completa
 

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